Varios mandos de la Guardia Civil han declarado ante la Justicia que durante el mandato de Leonardo Marcos como director general del cuerpo se produjeron presiones internas para limitar la actividad de la Unidad Central Operativa (UCO) en investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectaban al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Según los testimonios recogidos en el sumario del caso SEPI, se pidió a la UCO que evitara actuar de forma “proactiva” en procedimientos sensibles políticamente, especialmente en el relacionado con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente, en la Diputación de Badajoz.

Los testigos afirman que en reuniones celebradas en julio de 2024 se trasladó el malestar de la dirección de la Guardia Civil por determinados informes remitidos a los juzgados y se solicitó que futuros documentos concluyeran que “no había nada” relevante.

Además, también se habrían abierto expedientes internos contra agentes de la UCO tras publicaciones periodísticas sobre investigaciones relacionadas con José Luis Ábalos y Koldo García.

Otro de los aspectos destacados es la supuesta falta de respuesta institucional ante una nota interna de la UCO en la que se alertaba de una campaña de desprestigio contra varios investigadores, incluido el teniente coronel Antonio Balas.Según los testimonios, dicha comunicación no fue trasladada ni a la Fiscalía ni a los tribunales.

El caso se encuentra bajo investigación judicial y las declaraciones forman parte de las diligencias impulsadas por el juez Santiago Pedraz para esclarecer si existieron maniobras destinadas a interferir en investigaciones policiales de carácter político.