El Tribunal Constitucional de Perú ha modificado su postura al decidir que el Congreso no puede presentar iniciativas de gasto público sin coordinar previamente con el Ministerio de Economía y Finanzas.Esta decisión busca evitar desequilibrios presupuestarios y garantizar la transparencia en la asignación de recursos.El fallo establece que cualquier proyecto que implique gasto estatal debe pasar por un proceso de análisis económico antes de ser aprobado.Esta medida refleja la creciente preocupación por la fiscalidad y la sostenibilidad financiera del país.

El anuncio ha generado debate entre partidos políticos y expertos económicos, quienes destacan la importancia de un enfoque más riguroso en la gestión pública.

La medida también podría afectar proyectos de infraestructura y programas sociales, ya que su implementación dependerá de la aprobación del Ministerio.

Este cambio en la normativa busca alinear las decisiones legislativas con las prioridades económicas del Estado, aunque algunos críticos advierten sobre el riesgo de centralizar poderes en instituciones burocráticas.