Un fallo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja dispuso una medida que obliga a los organismos nacionales a regularizar de forma urgente los pagos atrasados vinculados a prestaciones por discapacidad en la provincia de Córdoba.

La resolución establece un plazo de 72 horas para que se efectivicen los pagos adeudados, en un contexto de demoras que afectaban a titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La decisión judicial no solo alcanza a los casos individuales presentados, sino que extiende su protección a todos los beneficiarios de este tipo de pensiones en la provincia, lo que implica un impacto colectivo importante en la administración de las prestaciones sociales vinculadas a la discapacidad.

Según lo informado, el fallo busca garantizar la continuidad de los servicios y prestaciones esenciales que dependen de estos fondos, evitando que las demoras administrativas o presupuestarias generen interrupciones en la atención de las personas beneficiarias.

El caso se enmarca en un escenario de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo nacional respecto de la política de ajuste y reorganización del gasto público.

En este sentido, la resolución judicial aparece como un freno a los recortes o demoras en la ejecución de pagos que afectan a sectores considerados vulnerables.

La medida también obliga a los organismos responsables a ordenar toda la cadena de pagos atrasados, lo que implica una revisión administrativa más amplia para garantizar la regularización de las prestaciones en tiempo y forma.