Un informe interno encargado por el Gobierno británico y revelado parcialmente por medios como The Telegraph sostiene que entre 2015 y 2021 podrían haberse desviado más de 28.000 millones de libras de dinero público hacia entidades vinculadas a amenazas para la seguridad nacional del Reino Unido.

El documento, cuya publicación habría sido bloqueada por el anterior Ejecutivo conservador, analiza distintas vías de financiación pública —como subvenciones empresariales, préstamos, ayudas de emergencia y programas de investigación— que habrían sido aprovechadas por redes criminales, empresas vinculadas a países considerados hostiles y, en algunos casos, organizaciones extremistas como el Estado Islámico.

El informe señala que parte de estos fondos se habrían obtenido mediante fraude o aprovechando debilidades en los sistemas de control administrativo, especialmente durante el periodo de la pandemia de COVID-19, cuando la rapidez en la distribución de ayudas facilitó irregularidades.

También se mencionan pérdidas multimillonarias derivadas de errores y fraudes en los programas de apoyo económico implementados durante la crisis sanitaria.

Además, el estudio sugiere posibles conexiones indirectas entre redes delictivas y actores estatales extranjeros, aunque sin identificar públicamente a los países implicados.

Los expertos citados destacan que estas dinámicas reflejan una creciente utilización de mecanismos financieros y económicos como herramientas de influencia o desestabilización geopolítica.

El caso ha reabierto el debate en el Reino Unido sobre el control del gasto público, la transparencia en la gestión de ayudas estatales y la necesidad de una mayor coordinación entre servicios de inteligencia y administraciones públicas para evitar que fondos públicos puedan ser desviados hacia fines ilícitos o utilizados por organizaciones hostiles.