La columna de opinión firmada por el magistrado Alfonso Villagómez aborda el debate jurídico en torno a la viabilidad de una eventual acusación penal relacionada con la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

El autor reflexiona sobre la frecuente confusión entre irregularidades administrativas y delitos penales en procesos de empleo público, especialmente en casos de supuestos “enchufes” o decisiones discrecionales en la selección de personal.

El texto explica que los tribunales contencioso-administrativos anulan cada año numerosos procesos de selección por desviación de poder, falta de transparencia o elaboración de plazas a medida.

Sin embargo, subraya que estas situaciones suelen resolverse en el ámbito administrativo y no penal, ya que no implican necesariamente la comisión de delitos como la prevaricación o el tráfico de influencias.

Para que exista responsabilidad penal, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, debe demostrarse una arbitrariedad grave, sin justificación razonable, algo que no siempre concurre en estos casos.

La columna también menciona precedentes en los que intentos de criminalizar determinadas contrataciones públicas han sido archivados, insistiendo en la diferencia entre ilegalidad administrativa y delito.

A partir de este marco, el autor cuestiona la solidez de una acusación penal en el caso analizado, incluso en el supuesto de que hubiera existido un trato de favor, algo que también pone en duda.

Asimismo, se contextualiza la contratación de David Sánchez en 2017 como personal laboral en la Diputación de Badajoz, tras un proceso selectivo con varios candidatos y valoraciones técnicas, en el que obtuvo la puntuación más alta.

El artículo concluye que, desde el punto de vista jurídico, resulta complejo sostener una acusación penal sin pruebas claras de arbitrariedad extrema o vulneración flagrante del procedimiento legal.