Miguel Cerdán García, un operario de mantenimiento de 61 años de Almería, denuncia estar atrapado en una situación administrativa y sanitaria que le obliga a seguir trabajando pese a sufrir importantes limitaciones físicas.

El trabajador arrastra desde hace años una grave lesión de rodilla que afecta seriamente a su movilidad y que fue considerada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como una lesión permanente no invalidante.

Posteriormente sufrió además una fractura abierta en el codo izquierdo que requirió cirugía y rehabilitación, empeorando todavía más su capacidad para desempeñar trabajos físicos.Actualmente, su rodilla presenta un desgaste severo, con dolor constante y dificultades para caminar o subir escaleras.

Aunque su médico de atención primaria le concedió una nueva baja laboral, la larga lista de espera para ser atendido por Traumatología —con cita prevista para octubre— ha provocado que el sistema obligue al facultativo a darle el alta médica antes de ser valorado por el especialista.

Miguel asegura que esta situación le fuerza a regresar a tareas de mantenimiento, fontanería y carga de materiales pese a necesitar muletas para desplazarse.

En enero presentó una reclamación previa ante el INSS para solicitar una incapacidad permanente acorde a su estado físico, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

El afectado critica la combinación entre la rigidez burocrática y el colapso de la sanidad pública, señalando que muchos trabajadores de edad avanzada quedan desprotegidos cuando su salud empeora.También advierte de que acudir a la vía judicial supondría esperar más de dos años debido a la saturación de los juzgados de lo Social.