Una investigación periodística analiza la venta de varias parcelas municipales realizada por el Ayuntamiento de Madrid para promover viviendas destinadas al alquiler asequible mediante cooperativas.

Tras quedar desierto el concurso inicial, una cooperativa adquirió un lote de terrenos públicos por el precio mínimo establecido y ha comenzado a comercializar promociones residenciales cuyos precios alcanzan los 660.000 euros en algunas viviendas situadas en la zona de Madrid Río.

Según la información publicada, los anuncios destacan el potencial de inversión de las promociones y no explican de forma visible que las viviendas deben destinarse obligatoriamente al alquiler asequible durante un periodo de 15 años.

Posteriormente, en comunicaciones dirigidas a posibles compradores, se informa de esa condición y de la posibilidad de que los propios cooperativistas puedan convertirse en arrendatarios de las viviendas, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El Ayuntamiento sostiene que esta práctica es compatible con los pliegos de adjudicación, ya que la propietaria formal de las viviendas sería la cooperativa y cualquier inquilino, incluido un cooperativista, debe cumplir las condiciones exigidas.Entre ellas figuran límites de ingresos, ausencia de otra vivienda en propiedad en Madrid y topes máximos en las rentas de alquiler.

La operación ha generado críticas políticas por parte de la oposición municipal, que considera que el modelo favorece la especulación inmobiliaria y desvirtúa el objetivo original de crear vivienda asequible.

El consistorio defiende que existen mecanismos de control, incluyendo auditorías anuales y la supervisión de los contratos de arrendamiento durante los quince años en los que se mantiene la obligación de alquiler asequible.