La columna de opinión analiza las críticas que distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei realizaron hacia la política, señalando que suelen responsabilizarla por los obstáculos al crecimiento económico, el exceso de gasto público o las demoras en la implementación de reformas.

El autor sostiene que ese enfoque presenta a la política como un problema, cuando en realidad constituye el mecanismo mediante el cual una sociedad debate, decide y distribuye los bienes y valores públicos que considera necesarios para el bienestar común.

A partir de esa idea, explica que la política no se limita a la actividad de los funcionarios, sino que involucra la participación de toda la ciudadanía en la deliberación sobre asuntos públicos.

También desarrolla una definición de democracia que combina tanto sus reglas institucionales como los principios del sistema liberal-constitucional, incluyendo la protección de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

En ese marco, cuestiona iniciativas y discursos que promueven reducir los espacios de participación o presentan a la política como un gasto prescindible, argumentando que esas posturas pueden implicar una reducción de la calidad democrática.

Según el autor, cuando se busca limitar la discusión pública bajo el argumento de hacer más eficiente la gestión, en realidad se restringe la posibilidad de que los ciudadanos intervengan en las decisiones colectivas.

La columna concluye que gobernar en democracia supone construir consensos y compartir el poder con la ciudadanía, mientras que deslegitimar la política favorece una lógica más cercana al ejercicio unilateral del poder que a una democracia participativa.