El partido político Unidad Popular presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) un registro certificado de más de 206.000 afiliaciones distribuidas en más de 7.000 fojas, con el objetivo de evitar la cancelación de su personería jurídica en Ecuador.

La dirigencia del partido, encabezada por Geovanni Atarihuana, asegura que la militancia sigue activa y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no cuenta con pruebas legales ni técnicas que sustenten la supuesta disminución de afiliados.Además, señalan que el CNE actuó fuera del plazo legal de 120 días establecido por la normativa.

El equipo legal del partido argumenta que las firmas fueron validadas previamente por grafólogos del CNE y cruzadas con el padrón electoral, y que el proceso original contó con la aprobación del pleno, incluida la presidenta Diana Atamaint.Según los registros institucionales, apenas el 1 % de la militancia se ha desafiliado voluntariamente en los últimos seis años.

Unidad Popular solicitó además una audiencia de estrados con la presidenta del TCE, Ivonne Coloma, para presentar sus pruebas sobre presuntas irregularidades en el proceso de cancelación, buscando garantizar su derecho constitucional a la defensa y mantener la presencia del partido en la papeleta electoral.