El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) anunció que, a partir del 18 de septiembre, aplicará nuevos criterios para evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente, conocidas como green card.

La medida afectará a los formularios I-485 presentados por correo o de manera electrónica desde esa fecha y busca ampliar el análisis sobre si un solicitante podría convertirse en una carga pública.

La nueva normativa no se aplicará a todas las categorías de inmigrantes, ya que algunas continúan exentas de esta causal de inadmisibilidad según la legislación migratoria vigente.

Con este cambio, los funcionarios dejarán de basarse únicamente en un conjunto limitado de beneficios públicos y realizarán una evaluación integral de las circunstancias personales de cada solicitante.

Entre los factores que deberán considerar se encuentran la edad, el estado de salud, la situación familiar, los activos y recursos económicos, la estabilidad financiera, el nivel educativo, las habilidades laborales y, cuando corresponda, la declaración jurada de patrocinio económico mediante el Formulario I-864.

Además, podrán tomar en cuenta el uso de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos y cualquier otra información relevante para determinar la capacidad de autosuficiencia del solicitante.

El objetivo del cambio es que las decisiones migratorias reflejen una evaluación más completa de la situación individual de cada persona antes de aprobar o rechazar una solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.