El régimen chavista, liderado por Delcy Rodríguez, anunció su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI) tras comunicar formalmente su denuncia del Estatuto de Roma.

Esta decisión, que había sido amenazada previamente, busca expresar rechazo a la investigación que la CPI lleva a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades venezolanas.

Aunque el gobierno afirma que las investigaciones en curso no se verán afectadas, expertos legales como Alí Daniels y Martha Tineo destacan que la salida de la CPI no altera el expediente abierto contra Venezuela.

Daniels explica que durante un año tras la notificación formal, Venezuela debe colaborar con las investigaciones existentes, y menciona el caso de Rodrigo Duterte como ejemplo.

La ONG Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón coinciden en que la decisión refleja retrocesos en la defensa de los derechos humanos en el país.La medida, sin embargo, no impide que la CPI continúe con sus procesos, aunque el régimen chavista busca minimizar su impacto.

Este anuncio se produce en un contexto de tensión internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde la CPI ha sido clave para documentar posibles violaciones.