Tras los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio de 2026, las autoridades y el gremio de ingeniería civil han iniciado un proceso de evaluación de habitabilidad en las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira, Caracas y el litoral central.El balance oficial reporta más de 2.

000 fallecidos, además de cientos de edificaciones colapsadas y miles con daños severos, lo que ha generado una crisis humanitaria y estructural de gran magnitud.

Ante la magnitud de la tragedia, se ha desplegado un protocolo de inspección rápida conocido como el sistema de “semáforo”, que clasifica los inmuebles en niveles de riesgo mediante etiquetas verde, amarilla y roja según su estado estructural.

El Colegio de Ingenieros de Venezuela y diversas universidades han movilizado brigadas de profesionales, estudiantes y voluntarios para realizar inspecciones de campo, mientras que iniciativas ciudadanas como plataformas digitales de evaluación remota han complementado el trabajo técnico mediante análisis preliminares de daños.

Paralelamente, organismos internacionales y sistemas de monitoreo satelital han estimado miles de edificaciones afectadas, aportando información clave para priorizar la respuesta en las zonas más críticas.

Sin embargo, el proceso ha estado marcado por críticas hacia la respuesta inicial del Estado, señalada como tardía e insuficiente en las labores de rescate y evaluación.

En este contexto, se ha insistido en que solo las inspecciones presenciales oficiales podrán emitir certificaciones definitivas de habitabilidad, mientras que los reportes preliminares sirven únicamente como orientación técnica.

La situación sigue en desarrollo, con miles de familias a la espera de diagnósticos estructurales que definan si sus viviendas son seguras o deben ser desalojadas.