El gobierno venezolano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, anunció su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma y retirarse definitivamente de la Corte Penal Internacional (CPI).

El canciller Félix Plasencia acusó al organismo internacional de tener un 'sesgo' que concentra su labor desproporcionadamente en países africanos y latinoamericanos, afirmando que esta postura refleja una justicia instrumentalizada para perpetuar desigualdades.

La decisión fue comunicada al secretario general de la ONU, António Guterres, y se suma a una ley aprobada en diciembre 2025 que derogó la adhesión del país al Estatuto de Roma.

La CPI mantendrá su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aunque el gobierno venezolano rechaza esta acción como parte de un 'lawfare' imperialista.

Esta medida refleja la creciente tensión entre Caracas y organismos internacionales, marcando un punto crucial en las relaciones diplomáticas del país.