La ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó la decisión del gobierno de retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), destacando que la salida no tendrá efectos inmediatos y que las investigaciones abiertas seguirán vigentes.El retiro entrará en vigor un año después, lo que permitirá continuar con la investigación de presuntos crímenes cometidos durante ese periodo.

Provea subrayó que el Estatuto de Roma, que creó la CPI, establece que la cooperación con la Corte no se verá afectada por la retirada, manteniendo las obligaciones de cooperación del Estado venezolano.

El canciller Félix Plasencia justificó la decisión al considerar que la CPI actúa con un sesgo hacia países africanos y latinoamericanos, mientras que la presidenta encargada Delcy Rodríguez acusó a la CPI de perseguir a los pueblos del 'sur global'.La CPI lamentó la decisión y recordó que Venezuela seguirá siendo parte del organismo durante un año, manteniendo sus obligaciones de cooperación.

La Fiscalía de la CPI sigue con las investigaciones por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a pesar de la solicitud de aplazamiento en 2022 y la cerradura de la oficina técnica en Caracas.