La designación de Viviane Morales como ministra de Educación ha generado preocupación por su posible impacto en la educación y los derechos de las estudiantes.

Según el texto, los recortes presupuestarios a instituciones como la EIS (Educación Sexual Integral) y la suspensión de servicios de salud sexual y reproductiva han tenido efectos inmediatos: una caída del 100% en la distribución de medicamentos para el aborto legal, como el misoprostol y la mifepristona, y un aumento del 51,5% en los diagnósticos de ITS entre adolescentes.

Estas medidas, junto con el desplome en la entrega de anticonceptivos, han generado una crisis que puede llevar a maternidades forzadas y truncar las trayectorias educativas de las jóvenes.

La autora alerta que promover un modelo de familia tradicional desde convicciones religiosas personales entraría en conflicto con la necesidad de implementar políticas de género activas, que permitan cerrar brechas en educación inicial, actualizar competencias académicas y garantizar trayectorias completas.

La crítica se centra en que invertir en reformas educativas, en lugar de imponer ideologías personales, es la única forma de abordar esta crisis sin perpetuar desigualdades.

El texto subraya que el país, a pesar de su hegemonía conservadora, ha estado a la vanguardia de los derechos y libertades en las aulas, lo cual requiere una política educativa inclusiva y basada en datos.