El artículo analiza la crítica situación de la administración del Organismo Judicial en Guatemala, donde la alta magistratura se ve abrumada por tareas burocráticas y administrativas, afectando su capacidad para impartir justicia.Se destaca que la función principal del sistema judicial debe ser la resolución de casos, no la gestión operativa.

La Constitución y la Ley del Organismo Judicial han sumergido a los jueces en responsabilidades administrativas, lo que dilata procesos judiciales y compromete la independencia judicial.

Se propone la separación clara entre la gestión administrativa y la función jurisdiccional para garantizar que los magistrados se dediquen exclusivamente a juzgar, asegurando la seguridad de los derechos ciudadanos.

La crítica se centra en la necesidad de reformas institucionales para priorizar la justicia sobre la administración, rescatando el papel fundamental de los tribunales en la convivencia social y el orden público.