La columna de opinión analiza el uso de cartas públicas en el debate político ecuatoriano, tomando como referencia recientes pronunciamientos relacionados con el presidente Daniel Noboa y el exministro Antonio Gonçalves en el contexto del caso Progen.

El autor critica que la carta del presidente se apoya en recursos discursivos emocionales, en la identificación de enemigos difusos y en promesas generales que no siempre se acompañan de evidencia verificable o de acciones concretas.

En particular, cuestiona la falta de transparencia en torno a contratos, responsabilidades administrativas y avances reales en investigaciones vinculadas al caso, señalando que se requeriría mayor apertura institucional sobre documentos y responsables para sostener la confianza pública.

Por otro lado, la carta de Antonio Gonçalves es presentada como una defensa política y jurídica que busca deslindar responsabilidades penales, argumentando que su rol ministerial no implicaba control directo sobre la ejecución operativa de CELEC ni sobre las decisiones técnicas y administrativas del proyecto.

El texto expone que esta postura intenta desmontar la hipótesis de responsabilidad penal individual, aunque reconoce que la Fiscalía podría explorar figuras como autoría mediata u omisión impropia.

Finalmente, el análisis contrasta ambas narrativas y reflexiona sobre cómo las cartas públicas se convierten en herramientas de posicionamiento político más que en mecanismos de esclarecimiento real de los hechos, destacando la tensión entre comunicación política, responsabilidad institucional y exigencias de transparencia en investigaciones de alto impacto.