Colombia enfrenta las elecciones presidenciales de 2026 en medio de una creciente crisis de seguridad, con más de 27.000 miembros de grupos armados ilegales y un aumento sostenido en la tasa de homicidios.

La seguridad se ha convertido en el principal problema percibido por los ciudadanos, superando otras preocupaciones como la corrupción o el desempleo.

Los cinco principales candidatos presentan enfoques distintos: Iván Cepeda prioriza la seguridad humana y la paz territorial, Abelardo De la Espriella apuesta por mano dura y represión directa, Sergio Fajardo combina autoridad estatal con prevención social, Claudia López busca fortalecer la institucionalidad y la justicia, y Paloma Valencia enfoca la seguridad en el control territorial y el uso estratégico de la Fuerza Pública.

En cuanto al narcotráfico, las diferencias son notables: Cepeda promueve sustitución voluntaria y apoyo al campesinado; De la Espriella y Valencia priorizan la erradicación y aspersión aérea; Fajardo y López combinan lucha contra redes criminales con oportunidades legales para comunidades afectadas.

Respecto a las cárceles, Cepeda apuesta por resocialización y justicia restaurativa, De la Espriella por disciplina y segregación, Fajardo y López por reformas estructurales y ampliación de cupos, mientras Valencia propone un ambicioso plan de infraestructura penitenciaria.

Aunque hay coincidencias en fortalecer la Fuerza Pública, atacar las finanzas del crimen y articular seguridad con prevención social, las diferencias ideológicas definen tres modelos: garantista y social (Cepeda), institucional y preventivo (Fajardo y López), y de fuerza y mano dura (Valencia y De la Espriella).Sin embargo, ninguno detalla con claridad los recursos o apoyo político necesario para implementar sus planes.