La Junta de Andalucía ha endurecido las sanciones por el uso de detectores de metales en zonas costeras, como medida para proteger el patrimonio cultural y evitar el expolio de vestigios arqueológicos.La Ley 4/2026 establece que está prohibido emplear estos dispositivos salvo en actividades autorizadas, con multas que pueden alcanzar hasta 150.000 euros para casos graves.Las sanciones varían según la gravedad de la infracción, con penalizaciones mínimas de 1.000 euros y máximas de un millón en casos extremos como la pérdida irreversible del patrimonio.La normativa permite excepciones para entidades públicas, servicios de seguridad y empresas autorizadas, siempre bajo supervisión.El objetivo es preservar el legado histórico de las playas andaluzas y evitar daños al patrimonio arqueológico.

Esta medida forma parte del marco legal de protección cultural que ya incluye otras regulaciones sobre excavaciones no autorizadas y conservación de bienes históricos.