Varias asociaciones de internautas han presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea contra España por presunto incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), con especial atención a las prácticas de LaLiga.

Durante el último año, esta organización ha bloqueado indiscriminadamente direcciones IP, afectando a numerosos servicios legítimos, desde instituciones académicas hasta webs municipales, en un caso conocido como LaLigaGate.

La denuncia argumenta que estas acciones vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, la neutralidad de la red y la privacidad de los usuarios, así como la prohibición de medidas de filtrado generalizado establecida por el Tribunal de Justicia de la UE.

Aunque la lucha contra la piratería es legítima, las asociaciones reclaman que se utilicen alternativas técnicas que no perjudiquen a terceros ajenos a estos intereses.

Además de LaLiga, se señalan otras instituciones, como la Agencia Tributaria, por prácticas de perfilado digital sin base legal y la moderación algorítmica de contenidos que podría silenciar expresiones legítimas.En el Congreso se ha propuesto una reforma de la DSA, apoyada por PSOE, ERC, Bildu, Sumar, PNV y Compromís, pero rechazada por PP y Vox.Mientras tanto, se siguen recabando casos individuales para defender a usuarios y negocios afectados.

La situación plantea un debate sobre el equilibrio entre la protección de derechos digitales y la lucha contra la piratería, con implicaciones para el funcionamiento democrático de Internet en España.