El departamento de Nariño enfrenta una grave crisis humanitaria debido al aumento sostenido del desplazamiento forzado provocado por el conflicto armado entre grupos ilegales que disputan economías ilícitas en la región.Según reportes de organizaciones sociales y de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alrededor de 2.

000 personas han sido desplazadas en lo que va del año en al menos 14 municipios, entre ellos Cumbitara, Samaniego, Policarpa, La Llanada y Los Andes.

Estas comunidades, muchas de ellas rurales e indígenas como el pueblo Awá, se han visto afectadas por enfrentamientos armados, confinamientos, presencia de minas antipersonal, explosivos y restricciones de movilidad que impiden el acceso a servicios básicos y humanitarios.

El impacto no solo es territorial, sino también social y educativo, ya que se han reportado afectaciones a viviendas, interrupciones en la educación y riesgos directos para niños, niñas y adolescentes.

Informes adicionales de organizaciones como Indepaz y la Defensoría del Pueblo confirman la magnitud del problema, señalando que entre 2017 y 2026 se han registrado más de 73.000 víctimas de desplazamiento en el departamento.

Solo en los primeros meses de 2026, miles de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en medio de combates entre actores armados como disidencias y otros grupos ilegales.

La Defensoría advierte que comunidades afrodescendientes e indígenas han sido especialmente afectadas, y que el fenómeno continúa expandiéndose, posicionando a Nariño como uno de los territorios más críticos del país en materia de movilidad forzada.Las autoridades han sido instadas a reforzar la coordinación institucional y la atención urgente a las víctimas.