Varios beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en España están denunciando que la Seguridad Social les está reclamando la devolución de cantidades cobradas durante años, en algunos casos por importes que alcanzan los 12.000 euros.

Según los testimonios recogidos, estas devoluciones se originan en errores administrativos y en revisiones posteriores de los requisitos de renta, lo que ha generado situaciones de endeudamiento grave para familias vulnerables.

Muchas de las personas afectadas aseguran que la prestación les fue concedida de oficio tras la implantación del IMV en 2020, sin solicitud previa, y que los fallos en el cálculo de ingresos —como pensiones alimenticias o ingresos temporales no correctamente computados— han derivado en reclamaciones retroactivas.

Las afectadas, en su mayoría mujeres con hijos a cargo, sostienen que la Administración tardó años en detectar los errores y ahora exige la devolución íntegra de cantidades ya gastadas en necesidades básicas.Esto ha provocado embargos, dificultades económicas severas y, en algunos casos, la imposibilidad de acceder a ayudas adicionales.

Organizadas en plataformas de afectados, han iniciado reclamaciones colectivas, contacto con el Defensor del Pueblo y acciones legales basadas en jurisprudencia europea que podría eximir la devolución de prestaciones cobradas por error de la Administración.El debate también ha llegado al ámbito político, con propuestas para condonar estas deudas o reformar el sistema de revisiones del IMV.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad Social defiende que se han introducido mejoras para reducir errores y anticipar ajustes, aunque reconoce el impacto que estas regularizaciones tienen en los beneficiarios.