El editorial aborda el caso de la comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos, en Piura, donde se denuncia la falta de acción del Estado peruano frente a graves vulneraciones de derechos humanos vinculadas a despojos de tierras y violencia.

El texto destaca un reciente gesto simbólico de la Iglesia Católica, en el que el cardenal Carlos Castillo, el cardenal Pedro Barreto y un emisario de la Santa Sede se arrodillaron ante comuneros afectados, como una forma de reconocimiento y pedido de perdón por los abusos cometidos en el contexto de actuaciones vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Según el editorial, este hecho representa un hito inédito y evidencia una postura de la Iglesia más activa en la búsqueda de reparación moral y reconocimiento de las víctimas.

Asimismo, se recuerda que estas comunidades han sufrido asesinatos, como los de Guadalupe Zapata Sosa y Cristino Melchor Flores, además de persecución judicial y abandono institucional.

El texto enfatiza que, pese a estos hechos, el Estado peruano no ha logrado acelerar las investigaciones ni garantizar justicia efectiva, lo que perpetúa la impunidad.

También se señala que fue el Papa Francisco quien impulsó investigaciones que derivaron en la disolución del Sodalicio, y que el actual liderazgo eclesiástico ha continuado esa línea de responsabilidad.

El editorial subraya la contradicción entre una Iglesia que ha mostrado gestos de reparación y un Estado percibido como lento e ineficaz en la protección de sus ciudadanos.

Finalmente, se exige que fiscales y jueces actúen con mayor rapidez para esclarecer los crímenes, sancionar a los responsables y restituir las tierras a las comunidades afectadas, reafirmando que el problema no es religioso sino de justicia y derechos fundamentales.