El Parlamento de Cataluña ha aprobado por unanimidad una nueva ley destinada a la erradicación del amianto en la comunidad autónoma.La normativa, impulsada inicialmente por el gobierno de Pere Aragonès, establece un marco legal integral para la eliminación progresiva del fibrocemento presente en edificios e instalaciones, un material altamente contaminante y peligroso para la salud pública.

La ley incluye la creación de un censo catalán de materiales con amianto, así como la obligación de las administraciones públicas de identificar, gestionar y retirar aquellos elementos que contengan esta sustancia en los bienes de su titularidad.

Además, se pone en marcha un Plan Nacional para la Erradicación del Amianto y una Comisión específica encargada de supervisar y coordinar las actuaciones.

Uno de los puntos destacados es el reconocimiento de las víctimas afectadas por la exposición al amianto, así como la creación de un fondo específico para financiar las labores de retirada, alimentado en parte por las sanciones impuestas.Estas sanciones podrán alcanzar hasta los 100.000 euros en caso de incumplimiento de las órdenes de retirada.

La ley también establece responsabilidades para empresas y profesionales implicados en la manipulación del material, obligándoles a garantizar condiciones de seguridad para la salud de los trabajadores.Asimismo, se exige a la ciudadanía colaborar informando sobre la posible presencia de amianto en inmuebles.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha calificado la norma como pionera en Europa, destacando su importancia como paso decisivo para eliminar un material que todavía está presente en numerosos espacios pese a su prohibición de comercialización desde 2022.