En las regiones del sur de Córdoba y en zonas de Sucre como La Mojana y San Jorge, comerciantes, ganaderos, pescadores y pequeños emprendedores denuncian que la extorsión por parte de grupos armados ilegales se ha convertido en una práctica constante que afecta gravemente la economía local y la seguridad de la población.

Según testimonios recogidos, los habitantes deben pagar lo que los grupos ilegales denominan un “impuesto de guerra”, que en muchos casos se cobra incluso a vendedores informales como tenderos, vendedores de agua o de productos básicos, además de los ganaderos que pagan tarifas asociadas al número de cabezas de ganado que poseen.

El grupo señalado en la zona es el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, que según la información difundida, habría anunciado una suspensión temporal de los cobros en algunos municipios de Córdoba y Sucre entre julio y octubre, como parte de una supuesta muestra de voluntad de diálogo con el Gobierno nacional.

Sin embargo, los afectados manifiestan desconfianza y temor, ya que consideran que estas pausas son temporales y no solucionan el problema estructural de fondo.

Las víctimas aseguran que la extorsión no solo implica pérdidas económicas, sino también amenazas contra la vida y destrucción de negocios en caso de negativa al pago.

Paralelamente, las autoridades han reportado recientes capturas de presuntos integrantes del grupo armado, incluidos supuestos cabecillas implicados en homicidios, extorsión y narcotráfico.

A pesar de estos operativos, la población insiste en que se requieren medidas más contundentes y sostenidas para garantizar su seguridad y el desarrollo económico de la región.

El llamado generalizado es al nuevo gobierno para que priorice el control de estas estructuras ilegales y proteja de forma efectiva a las comunidades afectadas.