Un tribunal federal en Texas ha condenado a nueve activistas a penas de entre 30 y 100 años de prisión por su participación en una protesta violenta contra un centro de detención de inmigrantes en Alvarado, al sur de Fort Worth.

El caso, ocurrido durante el 4 de julio, comenzó como una manifestación en apoyo a las personas retenidas en el centro, pero derivó en actos de vandalismo y violencia.

Según los hechos probados, algunos participantes dañaron vehículos, instalaciones y equipos de seguridad, y uno de los implicados disparó un fusil AR-15 contra un agente de policía, hiriéndolo en el hombro aunque sin causarle la muerte.

El principal acusado, Benjamin Song, recibió la condena más severa, 100 años de prisión, por intento de asesinato de un agente federal y otros cargos relacionados con armas y explosivos.

Otros siete acusados fueron condenados a penas de entre 50 y 70 años por cargos como disturbios y apoyo material a terrorismo, mientras que un noveno recibió 30 años por manipulación de pruebas.

El Departamento de Justicia defendió las condenas como parte de una estrategia contra el extremismo violento, mientras que los críticos del caso denuncian una respuesta judicial desproporcionada y politizada, comparando las penas con las impuestas por el asalto al Capitolio.Varias defensas han anunciado apelaciones, alegando que algunos acusados no participaron en la violencia o se encontraban allí de forma marginal.

El caso ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre la criminalización de la protesta, el uso de cargos de terrorismo en contextos de activismo político y la dureza de las sentencias impuestas.