El Consejo de Ministros aprobó la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un nuevo organismo destinado a proteger a quienes denuncien infracciones, fraudes o casos de corrupción que afecten al interés general.

La medida forma parte del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Ejecutivo y busca garantizar el anonimato, la asistencia jurídica, psicológica y, en determinados casos, apoyo financiero a los denunciantes, además de sancionar posibles represalias contra ellos.

Junto a esta iniciativa, el Gobierno concedió un indulto parcial a José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular en Majadahonda y figura clave en el descubrimiento de la trama Gürtel.

Según explicó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la colaboración de Peñas fue esencial para que la Fiscalía Anticorrupción iniciara en 2007 las investigaciones que destaparon una de las mayores tramas de corrupción política en España.

El indulto modifica la pena de inhabilitación absoluta que pesaba sobre Peñas, permitiéndole recuperar su puesto como funcionario, aunque mantiene limitaciones para ocupar determinados cargos públicos.El Gobierno defiende que esta decisión envía un mensaje de apoyo a quienes colaboran con la Justicia para esclarecer delitos.

Además, se aprobó un real decreto para ampliar la plantilla del Ministerio Fiscal con 79 nuevas plazas y crear dos Fiscalías de Sala especializadas: una dedicada a los delitos contra la Administración Pública y otra centrada en delitos económicos.El Ejecutivo considera que estas medidas reforzarán la especialización y la eficacia en la persecución de la corrupción y otros delitos complejos.