La tensión entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana ha aumentado tras las declaraciones del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, sobre el control del etiquetado del origen del arroz.

Según el ministro, la Comunitat Valenciana sería la única autonomía que no remite información sobre su actividad inspectora en materia de control del fraude alimentario, especialmente en lo relativo a la verificación del origen de los productos.

Esta afirmación ha sido rechazada por el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, quien sostiene que la administración autonómica sí ejerce controles, aunque centrados en aquellos productos donde existe obligación normativa.

El conflicto ha puesto el foco en el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), donde no figuran datos aportados por la Comunitat Valenciana ni por Melilla en algunos ejercicios recientes, lo que ha alimentado las críticas del Ministerio.

Sin embargo, desde la Generalitat se argumenta que la normativa europea no obliga a detallar el origen específico en todos los casos de etiquetado del arroz, lo que limita la aplicación de ciertos controles específicos.

El debate se enmarca en una discusión más amplia sobre la protección del consumidor y la transparencia del etiquetado alimentario, especialmente en productos con denominación de origen como el arroz valenciano.

Mientras el Gobierno central defiende la necesidad de reforzar la supervisión para evitar posibles engaños en el etiquetado, el Consell insiste en que las competencias están repartidas y que ya se cumple la normativa vigente.

Además, el caso ha evidenciado diferencias en la recogida y reporte de datos entre administraciones, así como la complejidad de la coordinación en materia de inspección agroalimentaria dentro del marco europeo.La controversia continúa abierta mientras ambas partes reclaman mayor rigor o mayor claridad normativa, según su posición.