El retraso en la aprobación de la ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ha provocado tensiones entre distintas bancadas del Congreso de Guatemala, debido al riesgo de que el país sea incluido nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La discusión se intensificó luego de que diputados de varias agrupaciones presentaran enmiendas que impidieron avanzar con la aprobación final de la iniciativa, considerada clave para fortalecer los controles financieros y combatir estructuras vinculadas al crimen organizado.

Diversos bloques legislativos, entre ellos Viva, VOS y Semilla, expresaron públicamente su respaldo a la normativa y advirtieron sobre las consecuencias económicas y financieras que podría enfrentar Guatemala si no adapta su legislación a los estándares internacionales.

Entre los riesgos señalados están mayores controles sobre el sistema bancario, afectaciones a remesas y transferencias internacionales, aumento en costos de financiamiento y pérdida de confianza de inversionistas.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, indicó que aún existen dudas sobre algunos artículos relacionados con notarios, personas políticamente expuestas y el régimen de sanciones, por lo que se han sostenido reuniones con jefes de bloque y representantes de la Superintendencia de Bancos para ajustar el contenido de la ley.Mientras tanto, diputados oficialistas y de oposición han intercambiado señalamientos sobre supuestos intentos de retrasar la aprobación.

Aunque existe respaldo general a la iniciativa, todavía no se alcanzan los 107 votos requeridos para convertirla en decreto y permitir la implementación de nuevos reglamentos y mecanismos de supervisión financiera.