En Guatemala, el debate sobre la nueva ley contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo continúa generando tensión política y social.A pesar del aumento de la presión por parte de cámaras empresariales, sociedad civil, el Organismo Ejecutivo y la embajada de Estados Unidos, varios diputados insisten en introducir enmiendas al proyecto de ley, lo que ha retrasado su aprobación.

La normativa es considerada clave para que el país supere la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2027 y evite regresar a listas de observación por debilidades en la lucha contra el crimen financiero.

El Congreso ha sostenido reuniones técnicas con la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), donde se han discutido cambios que, según algunos sectores, podrían debilitar el alcance de la ley.

Entre los puntos más polémicos destacan modificaciones relacionadas con la autonomía del delito de lavado de dinero y el proceso de administración del riesgo, lo que ha generado preocupación en entidades técnicas y algunos bloques legislativos.Aunque varias bancadas afirman apoyar la aprobación de una nueva legislación, también condicionan su voto a ajustes específicos.

Algunos diputados sostienen que los cambios buscan mejorar la claridad de conceptos y evitar abusos en la aplicación de la norma, mientras que otros advierten que ciertas enmiendas podrían afectar el espíritu de la ley y su eficacia contra el crimen organizado.El debate sigue abierto, con reuniones programadas para intentar alcanzar consensos antes de llevar la iniciativa al pleno del Congreso.

Sin embargo, la falta de acuerdo entre los distintos bloques mantiene en incertidumbre la aprobación de una normativa considerada prioritaria a nivel nacional e internacional.