La discusión para aprobar la ley antilavado en el Congreso de Guatemala se encuentra estancada debido a factores políticos, el período de receso legislativo y el ambiente preelectoral que ya influye en las decisiones de los diputados.

El proyecto de ley, que busca modernizar el marco legal del país en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya ha superado las tres lecturas requeridas, pero continúa sin alcanzar la aprobación final debido a desacuerdos sobre enmiendas de último momento.

Para su aprobación definitiva se necesita el voto favorable de al menos 107 diputados, cifra que no ha sido alcanzada por la falta de consenso entre bancadas oficialistas y de oposición.Las reuniones entre jefes de bloque se han realizado a puerta cerrada, lo que ha generado incertidumbre sobre los puntos específicos en discusión.

Analistas señalan que algunas modificaciones podrían estar orientadas a flexibilizar la ley para evitar afectaciones a intereses políticos y económicos de diputados y sus allegados.Además, advierten que el receso parlamentario limita la capacidad de convocatoria y ralentiza aún más el proceso.

También se destaca el impacto del contexto electoral, ya que muchos legisladores priorizan su posicionamiento de cara a las elecciones generales, lo que influye en su disposición a apoyar una normativa que podría implicar costos políticos o financieros.

A pesar de la presión internacional y la importancia del proyecto para evitar sanciones y fortalecer el sistema financiero, existe preocupación de que la versión final de la ley sea debilitada y menos efectiva de lo previsto inicialmente.