El Congreso de Guatemala aprobó en redacción final la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, luego de varias semanas de discusión y negociaciones entre distintas bancadas legislativas.

La iniciativa, identificada como el Decreto 15-2026, fue aprobada con un amplio respaldo de 147 votos a favor, un voto en contra y 12 diputados ausentes, reflejando un consenso político significativo en torno a la normativa.

La ley fue impulsada por el Organismo Ejecutivo y analizada por la comisión de Economía y Comercio Exterior, que incorporó modificaciones antes de su aprobación final.

Durante el proceso legislativo, algunas bancadas como Vamos, Valor y UNE habían manifestado reservas sobre ciertos artículos, especialmente los relacionados con la tipificación del delito de lavado de dinero y su alcance jurídico.

Sin embargo, en la sesión final no se presentaron enmiendas adicionales de última hora, lo que permitió avanzar en la aprobación sin mayores bloqueos.

Las autoridades legislativas destacaron que la normativa busca alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de evitar que Guatemala sea incluida en listas de alto riesgo por debilidades en la lucha contra el lavado de activos.

El GAFI evaluará al país en 2027, por lo que la aprobación de esta ley se considera un paso clave para fortalecer el sistema financiero y cumplir con estándares internacionales.

Además, el Congreso también avanzó en otros temas, como ampliaciones presupuestarias para el Tribunal Supremo Electoral, en el contexto de la organización de futuros procesos electorales.