La primera semana de junio es decisiva en el Congreso de la República de Guatemala, donde los diputados deben definir la aprobación final de la ley contra el lavado de dinero y otros activos, así como del financiamiento del terrorismo.

La Superintendencia de Bancos (SIB) ha expresado su desacuerdo con algunas enmiendas recientes que buscan modificar la tipificación del delito y la autonomía del mismo, aspectos fundamentales recomendados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).La discusión incluye artículos sobre la definición de transacciones sospechosas y la regulación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Algunos diputados, de bloques como Vamos, UNE y Valor, defienden cambios argumentando que buscan proteger la Constitución y garantizar la presunción de inocencia.

La demora en aprobar la ley preocupa a la SIB, ya que complica la preparación para la evaluación del país prevista para febrero de 2027 y podría llevar a Guatemala de nuevo a la lista gris del GAFI.Expertos y empresarios alertan sobre posibles impactos económicos, incluyendo mayores controles a remesas y revisión de créditos.

Aun así, legisladores que apoyan la ley destacan que su aprobación permitirá combatir de manera más efectiva al crimen organizado, narcotráfico y pandillas, fortaleciendo el sistema financiero del país.