La Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala ha señalado posibles acciones civiles contra funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) por la compra de un tomógrafo valorado en Q2 millones que nunca fue instalado ni utilizado.

La adquisición se realizó en 2020, durante la emergencia del covid-19, mediante un proceso por excepción impulsado por la Subdirección General de Salud de la PNC.Sin embargo, una auditoría posterior reveló múltiples irregularidades en la planificación y ejecución del proyecto.

Según el informe, el equipo médico fue adquirido sin que la institución contara con las condiciones mínimas para su funcionamiento, como una sala blindada adecuada, instalación eléctrica especializada y las licencias requeridas para operar este tipo de tecnología.El equipo quedó abandonado y sin uso desde su compra, generando riesgo de pérdida del recurso público.La empresa proveedora, identificada como T.A.G., S.A., ya no existe en el país, lo que ha complicado cualquier intento de hacer efectiva la garantía del equipo, la cual venció en octubre de 2025.Además, la CGC señala que varios funcionarios convocados a declarar no asistieron a las reuniones de auditoría.

El informe también recoge el testimonio de un asesor médico que inicialmente expresó su desacuerdo con la compra por falta de condiciones adecuadas, pero posteriormente habría sido presionado para firmar un dictamen favorable.La CGC ha establecido acciones civiles contra siete personas vinculadas al proceso, cada una por un monto aproximado de Q285 mil.

El caso evidencia un posible menoscabo al patrimonio del Estado y la falta de uso efectivo de un equipo destinado a mejorar la atención médica del personal policial durante la pandemia.