Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), enfrenta cuestionamientos legales y administrativos por su permanencia en el cargo sin presentar el finiquito de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Juristas y expertos en derecho sostienen que la Ley de Probidad, promulgada en 2002, debe prevalecer sobre la Ley Orgánica de la Usac, vigente desde 1947.

El equipo jurídico de la universidad argumenta que el principio de especialidad jurídica permite aplicar la ley más específica para el caso, pero analistas como Javier Monterroso y Marco Canteo señalan que este criterio no es válido, ya que la norma más reciente (Ley de Probidad) debe aplicarse a todas las instituciones del Estado, incluyendo a la Usac.

La Constitución exige honradez para cargos públicos, y el rector debe cumplir con el artículo 16 de la Ley de Probidad, que exige el finiquito para quienes administren fondos públicos.

Los juristas consideran que la Usac no puede alegar un principio de especialidad frente a la Constitución, y que el incumplimiento de los requisitos legales podría generar vicios constitucionales.

Mazariegos no presenta el finiquito debido a denuncias contra el Consejo Superior Universitario (CSU) por omisiones en procesos de elección y contrataciones.