La Corte Suprema de Perú rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo y confirmó la ampliación de su prisión preventiva hasta el 8 de marzo de 2027.

La decisión mantiene vigente la medida cautelar mientras continúan las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión, relacionados con hechos ocurridos durante su mandato presidencial.

Esta causa es independiente de la condena de 11 años y 5 meses que ya cumple por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, por la cual permanece recluido en el Penal de Barbadillo.

Según la resolución judicial, la Sala Penal Permanente concluyó que persiste un riesgo de fuga, considerando que el arraigo familiar y domiciliario del exmandatario es insuficiente.El tribunal destacó que su esposa e hijos se encuentran asilados en México, lo que debilita el argumento de un arraigo familiar sólido.Asimismo, estimó que su arraigo laboral y domiciliario no resultan suficientes para descartar un eventual intento de eludir la acción de la justicia.

La investigación forma parte de una macrocausa de corrupción que involucra a más de 90 personas y contempla el análisis de diversos contratos y procesos administrativos.

Entre los hechos investigados figuran presuntas irregularidades en la compra de biodiésel por parte de Petroperú, supuestos sobornos relacionados con la licitación del Puente Tarata III y la emisión de un decreto de urgencia que habría favorecido la ejecución de determinadas obras municipales.Con esta resolución, la justicia peruana mantiene la prisión preventiva de Castillo mientras avanzan las diligencias del caso.