En Guatemala, el Congreso mantiene estancada la discusión de la iniciativa 6347, conocida como Ley de Ciberseguridad, debido a la falta de acuerdos sobre la estructura de gobernanza del futuro sistema nacional de ciberseguridad.

El principal punto de conflicto es si la dirección del ente rector debe ser civil, militar o de carácter mixto, lo que ha impedido avanzar hacia un dictamen final.

Mientras tanto, varias instituciones públicas y privadas han sido víctimas de hackeos y filtraciones de datos, entre ellas la Dirección General de Control de Armas y Municiones, el Ministerio de Trabajo, la Universidad de San Carlos, el Registro Nacional de las Personas y la Superintendencia de Administración Tributaria.Estas brechas han evidenciado la ausencia de una legislación específica para tipificar y sancionar los ciberdelitos en el país.

El proyecto de ley plantea la creación de una instancia coordinadora integrada por entidades del Estado, sector privado y posiblemente fuerzas de seguridad, bajo la conducción del presidente de la República.

Sin embargo, algunos legisladores insisten en que la estructura debe mantenerse dentro de un modelo de seguridad democrática y con liderazgo civil, mientras otros defienden una cadena de mando más centralizada que incluya instituciones militares debido a la criticidad de la infraestructura digital.

Además de la gobernanza, la propuesta aborda la necesidad de capacidades técnicas, presupuesto especializado y cooperación internacional, especialmente a través de mecanismos como el Convenio de Budapest, para combatir delitos transnacionales.

También se discute la creación de marcos legales para la protección de datos, la investigación de delitos informáticos y la respuesta rápida ante incidentes de seguridad digital.

El debate continúa abierto en el Congreso, mientras el país enfrenta crecientes riesgos en materia de ciberseguridad y dependencia tecnológica sin un marco normativo plenamente desarrollado.