El artículo analiza los desafíos estructurales de Colombia para reducir las desigualdades sociales y de género, destacando el papel del Ministerio de Igualdad y Equidad (MinIgualdad).

A pesar de los avances constitucionales desde 1991 y los compromisos internacionales asumidos por el país, persisten brechas profundas en pobreza, acceso al empleo, educación, cuidado no remunerado y representación política, especialmente en mujeres, comunidades étnicas y regiones históricamente excluidas.

En este contexto, el MinIgualdad fue creado en 2023 con el objetivo de articular políticas públicas para poblaciones vulnerables y reducir brechas estructurales, con una estructura amplia y múltiples programas sociales.Sin embargo, su implementación ha estado rodeada de controversias.

Se le cuestiona una baja ejecución presupuestal, inferior al 10% en sus primeras fases, así como posibles duplicidades con otras entidades del Estado.Además, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que lo creó, aunque aplazó sus efectos hasta 2026.El debate también incluye su diseño institucional, con cinco viceministerios y una alta carga administrativa frente a su capacidad operativa.De cara a las elecciones de 2026, el futuro del ministerio se ha convertido en un punto de fuerte división política.

Mientras sectores progresistas defienden su continuidad como herramienta clave para la igualdad y el sistema de cuidados, sectores conservadores proponen reducirlo o eliminarlo por considerarlo ineficiente y costoso.

El artículo concluye que el verdadero desafío no es solo la existencia del ministerio, sino la capacidad del Estado colombiano para construir instituciones eficaces que conviertan el reconocimiento de la desigualdad en resultados reales para la ciudadanía.