El artículo de opinión analiza el uso reciente del concepto de “desobediencia civil” en el contexto político colombiano, a propósito de declaraciones de figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella tras un escenario electoral polarizado.

El autor advierte que las campañas electorales tienden a intensificar emociones y simplificar los conflictos, pero subraya que, una vez terminadas, el país requiere institucionalidad, responsabilidad y gobernabilidad, no espectáculos políticos.

El texto critica el uso de la expresión “desobediencia civil” como herramienta retórica en la oposición política, señalando que su significado histórico —asociado a pensadores como Thoreau, Gandhi, Martin Luther King y John Rawls— implica una ruptura ética y pública frente a injusticias estructurales graves, no una reacción automática ante resultados electorales adversos.En este sentido, considera que banalizar el concepto puede debilitar su fuerza moral y jurídica.

Asimismo, el artículo sostiene que en Colombia existen mecanismos democráticos suficientes para ejercer oposición política, como el control institucional, las acciones constitucionales, la movilización pacífica y el debate público, por lo que recurrir a llamados de desobediencia civil puede resultar innecesario y riesgoso.

También advierte que, en un país con conflicto armado, economías ilegales y alta polarización, ciertos discursos pueden tener efectos no deseados en territorios donde las palabras pueden interpretarse como incitación indirecta a la confrontación.

Finalmente, el autor llama tanto al gobierno como a la oposición a actuar con responsabilidad: el primero evitando la arrogancia del poder y el espectáculo político, y la segunda ejerciendo vigilancia sin deslegitimar el orden democrático.

La conclusión enfatiza que la democracia requiere oposición firme pero dentro del marco constitucional, evitando transformar al adversario político en enemigo del sistema.