La columna analiza el origen y las consecuencias del reparto agrario en México a partir de la Revolución Mexicana y su evolución jurídica hasta la actualidad.

El autor parte del contexto del Porfiriato, caracterizado por la concentración de tierras y poder en manos de élites como el grupo Terrazas-Creel, para explicar cómo el movimiento zapatista, mediante el Plan de Ayala, impulsó la restitución de tierras y la consigna de “Tierra y Libertad”.

Sin embargo, sostiene que la aplicación histórica de la reforma agraria derivó en una fragmentación de la tierra que no siempre benefició a los productores, sino principalmente a poblaciones sin recursos, generando ineficiencias en el campo mexicano.

Posteriormente, se destaca la reforma al artículo 27 constitucional en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que permitió la inversión privada en el sector agrario y la asociación entre ejidos y empresas, lo que, según el texto, contribuyó a la reactivación productiva del campo en el contexto del TLCAN.

No obstante, el autor critica que persisten privilegios y figuras jurídicas del régimen ejidal que, aunque en algunos casos fomentan la producción, en otros pueden generar abusos, especulación o conflictos de interés.

El punto central del análisis es una reciente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un conflicto entre un ejido y una empresa privada en Baja California Sur.

La Corte habría abierto la posibilidad de revisar títulos de propiedad antiguos a la luz de la Constitución de 1917, lo que, según el autor, podría generar incertidumbre jurídica sobre propiedades consolidadas, incluidas zonas urbanas.

Se advierte que esta interpretación podría afectar la seguridad patrimonial de particulares y generar impactos negativos en la inversión y el entorno económico, además de tensiones en el marco del T-MEC.La columna concluye criticando la decisión judicial por considerarla alejada de la realidad económica y social del país.