El naturalista y ecologista Luis Miguel Domínguez, presidente de la asociación ‘Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y por el Mundo Rural’, ha criticado la salida del lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe), asegurando que se ha producido mediante lo que él califica como una «triquiñuela» legislativa.

En una entrevista concedida a EFE, Domínguez advierte de que esta modificación normativa podría tener consecuencias jurídicas importantes para las comunidades autónomas que han planteado controles poblacionales de la especie, como Cantabria, Asturias o La Rioja.

Según su opinión, existe una amplia jurisprudencia acumulada durante los años en los que el lobo estuvo protegido, lo que dificultaría justificar legalmente su caza o control selectivo.

El experto sostiene que las administraciones autonómicas podrían enfrentarse a posibles delitos de prevaricación si no se ajustan estrictamente a la legalidad vigente en cada caso.

Además, afirma que el debate sobre el lobo ha sido distorsionado por desinformación y que no debería vincularse directamente con los intereses del sector ganadero, sino abordarse desde criterios científicos, éticos y de conservación de la biodiversidad.

Domínguez defiende una protección estricta de la especie y afirma que para garantizar su supervivencia no debería eliminarse ningún ejemplar, ya que cada individuo es relevante para la conservación del lobo ibérico.

También recuerda que el censo actual en España estima unas 333 manadas, una cifra inferior a las alrededor de 500 que los científicos consideran necesarias para un estado de conservación favorable.

Por último, señala que el cambio normativo se habría producido a través de una reforma legislativa reciente, lo que ha generado preocupación entre sectores ecologistas y científicos, especialmente en el contexto del informe sexenal que España debe remitir a la Unión Europea sobre el estado de conservación de la especie.