El Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029 propone la creación de tribunales militares especializados y salas de justicia para casos relacionados con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Esta iniciativa busca garantizar que los procesos penales de uniformados sean juzgados por jueces con conocimientos técnicos sobre uso de la fuerza, legislación militar y combate contra el crimen organizado.

El documento destaca la necesidad de especialización judicial para abordar delincuentes con estructuras complejas, mientras se respetan los principios de la jurisdicción ordinaria y la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza (Lorulf).Expertos analizan si la propuesta es constitucional, ya que la Constitución ecuatoriana eliminó las cortes penales militares independientes.La iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica de policías y militares, evitando resoluciones alejadas de la realidad operativa.Sin embargo, se debate si es más eficaz capacitar a jueces civiles en lugar de crear nuevos órganos especializados.