El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha comparecido en el marco de la investigación judicial que le atribuye la contratación de una mujer considerada por la Fiscalía como su “amiga íntima” y que, según la causa, no habría realizado trabajo efectivo alguno pese a haber recibido dinero público.La investigación se centra en un contrato temporal de 48 días en 2023 por el que la mujer percibió alrededor de 5.200 euros, sin que exista rastro documental de actividad laboral como correos, informes, registro horario o medios corporativos asignados.La propia investigada ya declaró en otro procedimiento que no acudió a trabajar y que no recibió instrucciones ni medios para hacerlo.

En su declaración, el alcalde evitó responder a la jueza, la fiscal y las acusaciones, optando por una intervención a través de su abogado en la que defendió que el personal de confianza municipal no tiene horario ni despacho fijo y que su trabajo se basa en la confianza y la comunicación verbal.

Aportó tres declaraciones notariales de empleados municipales para intentar acreditar que la contratada sí tuvo algún tipo de interacción con el Ayuntamiento, aunque ninguna de ellas confirma que realizara funciones efectivas.

La Fiscalía sostiene que la contratación pudo responder a una relación personal previa y que no existía necesidad administrativa real para el puesto, lo que podría constituir delitos de malversación y prevaricación.El caso se encuentra en fase intermedia antes de llegar a juicio, mientras las acusaciones estudian nuevas declaraciones testificales.El juez ya apreció indicios sólidos de delito en resoluciones anteriores.

Además, el regidor está siendo investigado en otra causa relacionada con la adjudicación de un restaurante a una empresa vinculada a su entorno familiar.