El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha dirigido un recordatorio de deberes legales a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tras considerar que la institución ejecutó de forma anticipada una sanción disciplinaria contra el profesor José Manuel Ruano de la Fuente.

El docente, codirector de una cátedra junto a Begoña Gómez, fue sancionado con tres meses de suspensión de empleo y sueldo por una supuesta falta grave relacionada con el incumplimiento de sus funciones en un expediente informativo.

Según la resolución, la universidad hizo efectiva la sanción a partir del 1 de noviembre de 2025, apenas unos días después de su notificación, sin esperar a que la misma adquiriera firmeza en vía administrativa.

Sin embargo, el interesado aún disponía de plazos legales para presentar recursos, lo que, según el Defensor del Pueblo, impedía la ejecución inmediata de la medida.La firmeza de la sanción no se produjo hasta el 24 de noviembre de 2025, cuando ya se había cumplido parte de la suspensión.

El organismo concluye que esta actuación vulneró la normativa vigente sobre la ejecutividad de los actos sancionadores, generando un perjuicio económico, moral y reputacional al profesor afectado.

Aunque la universidad alegó motivos organizativos, el Defensor del Pueblo recuerda que la legislación establece límites claros a la autotutela administrativa en procedimientos sancionadores.Por ello, insta a la UCM a respetar los plazos legales de firmeza antes de ejecutar este tipo de sanciones disciplinarias.