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El Gobierno nacional impulsa un amplio plan de reorganización del sistema judicial que contempla la cobertura de unas 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de fin de año.
La iniciativa incluye cargos estratégicos en la Cámara Federal de la Capital, tribunales orales federales y otros juzgados relevantes, con la intención de agilizar el envío y tratamiento de pliegos en el Senado.
Según trascendió, el Ejecutivo ya remitió cerca de 140 postulaciones y espera que las sesiones legislativas permitan avanzar con entre 20 y 30 designaciones por jornada.
Paralelamente, la administración analiza una modificación al régimen del Procurador General de la Nación para reemplazar el mandato vitalicio por períodos limitados, aunque todavía no existe una definición sobre su duración.La reforma cobra relevancia por la implementación del sistema acusatorio, que otorga mayores responsabilidades al Ministerio Público Fiscal.
También permanece abierta la discusión sobre la integración de las dos vacantes de la Corte Suprema, sin una decisión definitiva respecto de si serán cubiertas durante 2026 o en una etapa posterior.Entre los posibles candidatos mencionados aparecen jueces, funcionarios judiciales y representantes del Ejecutivo.
Además, el Gobierno pretende renovar la composición de la Cámara Federal mediante nuevos nombramientos y aprovechar jubilaciones y vacantes para reconfigurar tribunales clave.
El proyecto representa uno de los principales objetivos institucionales del Ejecutivo en materia de Justicia y dependerá en gran medida del respaldo que logre obtener en el Senado para concretar las designaciones y eventuales reformas legales.
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