El gobierno de Javier Milei ha reglamentado el Título II de la Reforma Laboral, creando el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que permite a las empresas del sector privado financiar despidos con fondos provenientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según el Decreto 408/2026, los empleadores deberán abrir cuentas individuales en un fondo común de inversión o fideicomisos autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y destinar allí los aportes mensuales, deducibles del impuesto a las ganancias y de contribuciones patronales.Solo estarán cubiertos los trabajadores registrados al menos doce meses antes de la extinción del vínculo laboral.

En caso de despido, el empleador presentará una declaración jurada electrónica y la entidad verificará los datos antes de transferir la indemnización al trabajador en un máximo de cinco días hábiles.

El FAL contempla mecanismos de portabilidad entre entidades, y en caso de disolución de la cuenta, los fondos se devolverán al empleador si no existen contingencias laborales pendientes.

La medida ha generado controversia por utilizar recursos de la seguridad social, tradicionalmente destinados a jubilaciones y pensiones, para financiar indemnizaciones privadas, lo que algunos sectores consideran un riesgo para los fondos de los jubilados y una forma de reducir costes laborales a expensas del Estado.