El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómez, pareja del presidente del Gobierno, por varios presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Junto a la apertura de juicio, el magistrado ha impuesto una serie de medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado de la Plaza de Castilla, en Madrid.

La defensa de Gómez ha anunciado que recurrirá estas medidas cautelares, aunque la decisión de sentarla en el banquillo no es recurrible en esta fase del procedimiento.

El caso también afecta a otras personas investigadas, como su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, quienes serán juzgados por distintos delitos relacionados con los mismos hechos investigados.

La resolución del juez ha generado reacciones políticas y judiciales, así como críticas de algunos sindicatos policiales, especialmente por las consideraciones del auto sobre la posibilidad de fuga de la acusada incluso bajo vigilancia policial.Desde el entorno del Gobierno se ha cuestionado la decisión judicial, calificándola de desproporcionada y motivada políticamente.El caso continúa ahora su curso hacia el juicio oral, en un proceso que se prevé de alta repercusión pública y política en España.