El juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómez en el marco de una investigación que se prolonga desde hace más de dos años.

Entre las medidas cautelares adoptadas se encuentra la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado de Plaza de Castilla, lo que ha generado una fuerte reacción política.

La defensa de Gómez ha anunciado que recurrirá estas medidas, mientras el Gobierno y el PSOE han criticado duramente la decisión judicial, calificándola de desproporcionada y carente de fundamento tras una instrucción en la que, según sostienen, no se han presentado pruebas de delito.

Desde Moncloa se ha acusado al magistrado de actuar con motivaciones políticas, y varios ministros han elevado el tono contra el auto, llegando a calificarlo de “ignominia”.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado además el razonamiento del juez sobre la posible colaboración de los escoltas en una hipotética fuga.El auto también ha sido criticado por el PSOE, que defiende la inocencia de Gómez y denuncia un intento de daño reputacional.

La causa ha estado marcada por la apertura de distintas piezas separadas y por decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha avalado algunos aspectos de la investigación pero ha corregido otros excesos procesales.

El caso se enmarca en un contexto político especialmente tenso, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición sobre la judicialización de la política.