El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente contra una importante inmobiliaria española que gestiona miles de viviendas en varias ciudades, por posibles cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler.

Entre las irregularidades identificadas, se incluyen la imposición de un seguro de impago a los inquilinos, la incorporación de cláusulas que obligan a aceptar negociaciones individualizadas, penalizaciones desproporcionadas por retrasos en la entrega de la vivienda y cargos injustificados relacionados con los suministros.

Cada una de estas posibles infracciones puede considerarse abusiva y conllevar multas de hasta un millón de euros, o incluso varias veces el beneficio ilícito obtenido.Desde la Dirección General de Consumo recuerdan que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación.

Este caso se produce un mes después de que el mismo ministerio multara a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por irregularidades similares, aunque la empresa aún puede recurrir judicialmente antes de que la sentencia sea firme.

La investigación pone de relieve la atención del gobierno a la protección de los derechos de los inquilinos y al cumplimiento de la normativa en materia de vivienda.