La columna analiza el papel del Estado peruano como garante de derechos fundamentales en medio del debate electoral y de la polarización política.El autor sostiene que en el Perú suele confundirse la discusión sobre un Estado más o menos interventor en la economía con la obligación constitucional de asegurar derechos básicos como salud, educación, igualdad y acceso a servicios públicos.

Según el texto, el énfasis excesivo en la promoción de inversiones privadas ha generado una ausencia del Estado en sectores estratégicos vinculados al bienestar ciudadano, como la energía, el transporte y otros servicios esenciales.

El artículo recuerda que la Constitución peruana de 1993, frecuentemente identificada con un modelo liberal, contiene también un importante componente social.

Se mencionan diversos artículos constitucionales que establecen deberes del Estado relacionados con la protección de los derechos humanos, la promoción del bienestar general y la atención prioritaria a sectores vulnerables.El autor remarca que estos principios no responden a una postura ideológica específica, sino al propio marco constitucional vigente.

Asimismo, se destaca el respaldo del derecho internacional y del sistema interamericano de derechos humanos, que consideran las políticas públicas como herramientas fundamentales para garantizar igualdad y acceso a derechos.

La columna también advierte sobre nuevos desafíos derivados de la digitalización y la manipulación de la información, señalando que el mercado por sí solo no puede proteger adecuadamente derechos como la privacidad o el acceso equitativo a servicios esenciales.

Finalmente, el texto plantea que el verdadero debate no debería centrarse en la cantidad de intervención estatal, sino en qué políticas públicas permiten garantizar de manera efectiva los derechos de todos los ciudadanos en un contexto de profundas desigualdades sociales.